Agentes policiales y de la Seguridad del Estado detuvieron el viernes al activista Michael Hernández Medina tras practicar un registro en su vivienda, en el poblado Antonio Briones Montoto, provincia de Pinar del Río.
“Tocaron a la puerta y cuando abro veo esa cantidad de militares. Eran nueve los que vinieron a la casa. Entonces un mayor del [MININT (Ministerio del Interior)] dijo ‘tenemos que hacerle un registro en la casa. Michael le pidió la orden para leerla y ellos no se la dieron”, narró a Martí Noticias la madre del activista, Marilyn Medina Chala.
“Tiraron fotos a la casa, a los colchones, las camas, en la calle, en el frente de la vivienda, y por el hueco de la escalera. A él le ocuparon el teléfono y le quitaron también la línea. Pero en mi casa no encontraron ni pintura, ni pinceles ni nada que pueda apuntar a que mi hijo es culpable”, indicó.
En Cuba, colgar carteles antigubernamentales es considerado un quebrantamiento de la ley, especialmente si son catalogados como difamación de instituciones, organizaciones o héroes, y el autor del delito puede ser sancionado de tres meses hasta un año de privación de libertad.
“Él está enfermo. Así mismo se lo llevaron. Ahora llamaron para pedir sus medicamentos y remedios para la fiebre”, lamentó la madre en referencia a la enfermedad de VIH que padece su hijo.
No obstante, Hernández Medina continúa detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Penales (DTIP), conocido como el Técnico, de la ciudad de Pinar del Río.
Medina Chala relató que los investigadores policiales atribuyen a su hijo los carteles con letreros antigubernamentales que han colocado en diferentes puntos de la comunidad, entre ellos uno en la discoteca.
Hace pocos días, el activista fue citado sin que se le entregara un documento oficial, presuntamente, por dibujar un grafiti contestatario en su localidad.
Hernández Medina, miembro del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática, cumplió un año de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad, entre 2023 y 2024.
Si bien no hay una cifra exacta de cuántas personas cumplen cárcel específicamente por pintadas contra el régimen, se sabe que muchas han sido encarceladas por difundir mensajes críticos contra el sistema y el gobernante Miguel Díaz Canel y por reclamar comida y otras demandas sociales en espacios públicos.
En 2023, un tribunal de La Habana condenó a cuatro cubanos a entre cinco y siete años de cárcel cada uno, y a otro más a cinco años de trabajo correccional, por mostrar carteles "anticonstitucionales", gritar consignas opositoras y difundir en redes sociales videos de la protesta.
Recientemente, la Fiscalía General de Cuba pidió hasta 30 años de cárcel para tres personas acusadas de lanzar cócteles molotov y colgar carteles antigubernamentales en entidades estatales.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Luis Roble, sentenciado a cinco años de cárcel por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión en Cuba. Lo condenaron bajo los cargos de "propaganda enemiga" y "desobediencia".
También son muy conocidos los presos políticos Yasmani González, quien cumple condena de cuatro años por el delito de “propaganda contra el orden constitucional” por pintar un grafiti contra el gobierno en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
Asimismo, Jorge Luis Boada fue sancionado a nueve años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado” después que pusiera carteles contra el gobernante Miguel Díaz Canel en la barriada de Lawton.
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